"Adivinen quién tiene doble nacionalidad": la reforma que llegó justo después de la pista
El 27 de agosto de 2026, Ricardo Salinas Pliego escribió en redes sociales una frase que, leída hoy, funciona casi como una profecía autocumplida: "Adivinen quién tiene doble nacionalidad y ahí…

El 27 de agosto de 2026, Ricardo Salinas Pliego escribió en redes sociales una frase que, leída hoy, funciona casi como una profecía autocumplida: "Adivinen quién tiene doble nacionalidad y ahí tienen la respuesta a su apuro". La frase respondía a los rumores de que el Congreso preparaba una reforma constitucional para prohibir que cualquier aspirante a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tuviera doble nacionalidad. Salinas Pliego, empresario y crítico frontal del gobierno con aspiraciones presidenciales que él mismo ha dejado entrever de cara a 2030, se adelantó a señalar lo que consideraba obvio: que la norma, presentada con lenguaje de principio general, tenía nombre y apellido.
Un mes después, el 22 de septiembre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó en lo general esa reforma con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, modificando los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir nacionalidad única a quien aspire a esos cargos, con entrada en vigor a partir del proceso electoral de 2028. Durante el debate, el diputado priista César Alejandro Domínguez planteó tres objeciones que hasta ahora nadie desde el oficialismo ha respondido con datos: que el artículo 32 constitucional ya regula los conflictos de interés derivados de la doble nacionalidad; que "no presentan casos concretos en los cuales la doble nacionalidad genere este problema de deslealtad a la patria"; y que la medida constituye, en sus palabras, "una gran regresión en materia de derechos humanos" que convierte a los más de 43 millones de mexicanos en el extranjero con segundo pasaporte en sospechosos por definición. El panista Germán Martínez fue en el mismo sentido: la soberanía, dijo, se defiende con instituciones sólidas y Estado de derecho, no restringiendo quién tiene derecho a competir por un cargo.
Ese vacío de evidencia —ningún caso documentado, ninguna cifra de funcionarios binacionales que hayan actuado contra el interés nacional— es exactamente lo que el capítulo cuatro de mi libro Cómo ganarle a Morena (disponible en Amazon) documenta bajo el nombre de judicialización como arma política: el uso del aparato institucional del Estado, no necesariamente una fiscalía o un juez, también una reforma constitucional con lenguaje universal, para neutralizar a un adversario específico bajo la apariencia de una norma de aplicación general. El libro propone un criterio comparativo simple para distinguir cuándo esto ocurre: si una norma nace acompañada de evidencia de un problema real y documentado, es una reforma legítima; si nace semanas después de que un crítico concreto revela el dato que la norma castiga, sin que exista ese patrón documentado, la coincidencia deja de ser inocente. Sheinbaum reforzó esa lectura los días 26 y 27 de septiembre, primero en Sonora y luego en el cierre de su gira en el Zócalo, al defender la reforma con la frase "ningún presidente puede tener dos banderas... solamente tiene un amo, el pueblo de México" y al calificar de "conservadores" y "reaccionarios" a quienes votaron en contra, sin en ningún momento contestar la objeción concreta de Domínguez sobre la ausencia de casos.
Rumbo a 2027, el error que debe evitar la oposición es convertir este episodio en una defensa personal de Salinas Pliego, un empresario con sus propios intereses de negocio que no necesita ni merece que ningún partido salga a defenderlo como si fuera una causa de derechos humanos. El punto serio, y el que sí construye un precedente útil, es otro: exigir que cualquier restricción futura a la elegibilidad de un cargo público se sostenga con evidencia pública verificable de un problema real —cuántos casos, qué conflicto de interés documentado, por qué se legisla ahora y no antes—, y ofrecer una alternativa concreta y aplicable a todos por igual: una declaración obligatoria y pública de nacionalidades para todo funcionario electo, actual y futuro, verificable por cualquier ciudadano, en lugar de una prohibición que, por más que se envuelva en la bandera y el pueblo, nació exactamente el mes después de que alguien "adivinara" para quién era.
