"Cientos de miles de millones": el fraude en las pensiones que Morena no fecha ni atribuye a nadie
El 21 de octubre de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que restringe de golpe la Modalidad 40, el esquema de continuación…

El 21 de octubre de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que restringe de golpe la Modalidad 40, el esquema de continuación voluntaria que permite a un trabajador que salió del régimen obligatorio seguir cotizando por su cuenta para mejorar el cálculo de su pensión, especialmente valioso para quienes todavía están bajo la Ley del Seguro Social de 1973. El acuerdo impone un nuevo tope al salario de cotización —limitado al último salario base registrado antes de causar baja—, elimina el pago retroactivo de meses anteriores para regularizar periodos pasados, exige que la inscripción se haga únicamente por medios digitales y prohíbe combinar este esquema con la Modalidad 10 de los trabajadores independientes. Quienes ya estaban inscritos antes de esa fecha conservan sus condiciones actuales hasta concluir el periodo contratado.
Un día después, el 22 de octubre, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué se tomó la medida: "Encontramos fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas". Cuando se le preguntó por la magnitud del problema, habló de "cientos de miles de millones" de pesos, una cifra que, por su propio tamaño, exigiría —si fuera cierta y verificable— una explicación detallada de cuántos casos la componen, en qué años ocurrieron y quién los autorizó. Sheinbaum no ofreció nada de eso: ni un número de expedientes, ni un periodo, ni un solo nombre de funcionario o gestor responsable. La regulación, según dijo, surgió de la revisión de un equipo de trabajo del gobierno federal, sin más detalle público disponible al momento de esta columna.
Ese mismo 22 de octubre, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confrontó sin proponérselo la versión oficial: dijo estar de acuerdo con los cambios, pero advirtió que "tiene que haber necesariamente una modificación o legal o constitucional del Congreso", y agregó sobre la vía usada: "aunque estemos de acuerdo y vemos con simpatía la propuesta de la negociación, tiene que pasar por el Congreso". En el Senado, Higinio Martínez, también de Morena y presidente de la Mesa Directiva, dijo que si los cambios tocan la Ley del Seguro Social, el Congreso tendría que discutirlos y aprobarlos antes de que entraran en vigor. La senadora priista Claudia Anaya fue más allá y planteó que la Mesa Directiva del Senado promueva una controversia constitucional, porque un decreto no debería restringir derechos que ya están fijados en una ley. Y el senador Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social, anunció que citará a comparecer al director del IMSS, Zoé Robledo, para que explique el alcance de los cambios.
Esa última comparecencia pendiente es la que de verdad importa, porque Robledo no es un funcionario recién llegado al cargo: ha estado al frente del IMSS de forma ininterrumpida desde el inicio del gobierno de Morena en 2018, primero con Andrés Manuel López Obrador y después, por decisión expresa de la propia Sheinbaum, en la actual administración. Si el fraude con la Modalidad 40 es del tamaño que la presidenta describe, ocurrió, en su inmensa mayoría, bajo la supervisión del mismo director que hoy sigue en el cargo, no de "administraciones anteriores" ajenas al proyecto de la 4T. Esto es, documentado con fecha y cita textual, el mecanismo que desarrollo en el capítulo tres de mi libro Cómo ganarle a Morena (disponible en Amazon): el desplazamiento temporal de responsabilidad, aquí en la variante de la cifra sin fecha. Una cantidad lo bastante enorme para alarmar —"cientos de miles de millones"— pero lo bastante vaga para que nadie, dentro del propio gobierno, tenga que responder por los años en que ese fraude, si existió en esa magnitud, se acumuló sin que nadie lo detuviera.
El riesgo de fondo no es que el gobierno corrija un esquema vulnerable a abusos —eso, igual que con cualquier programa social o de seguridad social, es una responsabilidad legítima del Estado—; el riesgo es que la corrección se presente como una hazaña de transparencia retroactiva cuando, en los hechos, solo mira hacia adelante: restringe a quien se inscriba después del 21 de octubre, no recupera un peso de quien ya se benefició del fraude, no identifica a un solo responsable dentro del IMSS, y se publicó por decreto administrativo un día antes de que el propio coordinador de Morena en Diputados reconociera que ese tipo de cambio necesita el aval del Congreso. Si la medida es tan sólida como se presenta, no debería temerle a esa comparecencia ni a esa revisión legislativa; lo raro es que se haya aplicado primero y se discuta su legalidad después.
Rumbo a 2027, lo serio para la oposición no es gritar que Morena "roba las pensiones" sin evidencia adicional a la que la propia presidenta ya ofreció. Lo serio es exigir, en la comparecencia ya solicitada de Zoé Robledo, un desglose público y verificable: cuántos casos de fraude existen, de qué montos exactos, de qué años específicos, y qué parte de esa cifra corresponde a los casi ocho años en que el propio Robledo ha estado al frente de la institución. Y hay que acompañar esa exigencia con una propuesta constructiva, no solo con el señalamiento: que cualquier reforma que finalmente llegue al Congreso —como el propio Monreal propuso— incluya una ruta de recuperación de los recursos defraudados y una auditoría pública de origen por cada caso, para que una restricción general a futuros trabajadores no sea, en los hechos, la forma más fácil de cerrar el expediente sin que nadie dentro del gobierno rinda cuentas por lo que ya ocurrió.
