"No necesitamos que nos juzguen desde afuera": la pregunta sobre funcionarios corruptos que Sheinbaum no contestó
El miércoles 16 de septiembre de 2026, el gobierno de Estados Unidos publicó su determinación presidencial anual sobre países de tránsito o producción de drogas, el documento con el que Washington…

El miércoles 16 de septiembre de 2026, el gobierno de Estados Unidos publicó su determinación presidencial anual sobre países de tránsito o producción de drogas, el documento con el que Washington evalúa cada año a las naciones involucradas en el combate al narcotráfico. El texto reconoció, sin ambigüedad, el trabajo de la administración de Claudia Sheinbaum: destacó "la incautación de mayores volúmenes de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos adicionales de seguridad y militares", además de la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", logro que el propio documento atribuyó a la cooperación bilateral. De los 23 países evaluados este año, México evitó la categoría de país "demostrablemente fallido", en la que sí cayeron Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Hasta aquí, el documento es casi un espaldarazo.
Pero el mismo texto contenía una exigencia mucho más incómoda, y es esa la que debería estar en el centro de la conversación pública esta semana: que México "exponga, arreste y procese a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles". No es una acusación genérica contra el país; es un señalamiento puntual sobre la existencia de complicidad institucional identificable, hecho por escrito, en un documento oficial de otro gobierno. Un día después, el jueves 17 de septiembre, en la conferencia matutina, la presidenta respondió a esa exigencia —pero no con lo que la exigencia pedía. "Entonces, nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días, y lo informamos", dijo Sheinbaum, y remató trasladando la conversación hacia el vecino del norte: "Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos", en referencia a la crisis de fentanilo, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México. Ninguna de esas tres observaciones es falsa. Ninguna de las tres contesta tampoco la pregunta de qué funcionario mexicano será investigado, con qué evidencia y en qué plazo.
Este intercambio ilustra con precisión un mecanismo que documento en el Capítulo 1 de mi libro Cómo ganarle a Morena (disponible en Amazon), dentro del análisis de la dicotomía moral pueblo-élite: la necesidad estructural que tiene todo populismo ya instalado en el poder de seguir ampliando su catálogo de adversarios para sostener la sensación de que la lucha del pueblo contra la élite continúa, incluso cuando ese movimiento controla ya casi todos los resortes institucionales del Estado. El libro documenta cómo ese catálogo pasó, con los años, de la "mafia del poder" priista y panista a los organismos autónomos, los medios críticos, el Poder Judicial previo a la reforma y, "más recientemente, el gobierno de Estados Unidos en su vertiente más intervencionista". Cada nuevo frente, señala el libro, "cumple la misma función estructural: mantener viva la sensación de que la lucha del pueblo contra la élite sigue en curso". Trump no exigió juicio moral genérico contra México: exigió nombres, arrestos y procesos. La respuesta no fue nombrar, arrestar ni procesar; fue convertir a quien exigía en el nuevo frente externo de una élite que pretende juzgar sin derecho a hacerlo, y con eso la pregunta original quedó, otra vez, sin responder.
Rumbo a 2027, la oposición mexicana tiene aquí un terreno legítimo, pero necesita pisarlo con el cuidado que el propio libro exige en el capítulo sobre el vocabulario importado: usar el término "narcoestado" en medios estadounidenses, o insinuar siquiera que se necesita presión o intervención externa para que México se investigue a sí mismo, sería regalarle a Morena exactamente el material que necesita para cerrar la conversación apelando al nacionalismo, y ya ha ocurrido antes con consecuencias contraproducentes documentadas en ese mismo capítulo. El camino serio y doméstico es distinto: exigir, en foros mexicanos y con lenguaje propio, que el gobierno publique una lista pública de los funcionarios investigados por vínculos con el crimen organizado —con nombre, dependencia y fecha de apertura de carpeta— y que esa exigencia de rendición de cuentas se sostenga con la misma intensidad exista o no un documento de Washington que la motive. La prueba de que un gobierno combate la corrupción no es la calidad de su respuesta a quien se lo pregunta desde afuera; es la lista de nombres que puede mostrar cuando nadie se lo está preguntando.
