"Si no puede, que renuncie": el rasero que Morena no usó en Zacatecas y sí usó en Jalisco
El 10 de mayo de 2026, la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas detuvo a 12 personas durante una manifestación de productores de frijol, estudiantes y activistas que desde finales de 2025…

El 10 de mayo de 2026, la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas detuvo a 12 personas durante una manifestación de productores de frijol, estudiantes y activistas que desde finales de 2025 reclamaban contra el programa federal de acopio de ese grano, al que acusan de beneficiar a intermediarios por encima de los propios productores. Entre los detenidos estuvo una maestra jubilada de 74 años, esposada por policías estatales. El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, justificó las detenciones alegando "probable participación en el delito de desobediencia y resistencia de particulares". Organizaciones civiles, entre ellas la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de Abril, calificaron el operativo de "represión contra una protesta pacífica", y días después cerca de 10 mil personas marcharon en la capital del estado exigiendo justicia. El gobierno de David Monreal, de Morena, no destituyó a ningún mando de seguridad ni ofreció una disculpa pública por el operativo, y la dirigencia nacional de Morena —la misma que organiza el partido en todo el país— no emitió un pronunciamiento al respecto.
Cinco meses después, el 11 de octubre de 2026, una protesta por agua limpia en Guadalajara —ciudad gobernada por Movimiento Ciudadano, partido de oposición al que pertenece el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus— fue recibida por antimotines con gas lacrimógeno, y varios detenidos fueron trasladados al penal de alta seguridad de Puente Grande. El gobernador Lemus sostuvo que la protesta, de unas 10 mil personas, fue infiltrada por aproximadamente 400 personas encapuchadas que agredieron a policías con piedras, tubos y bombas de gas, y anunció que se revisarían videos para sancionar los excesos. Pero el 13 de octubre, apenas dos días después, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, convocó una conferencia de prensa para exigir, con nombre y plazo inmediato, la destitución del secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Pablo Hernández González, a quien responsabilizó de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. "De una vez le decimos: si no puede, que renuncie", dijo sobre el gobernador Lemus, y remató sobre el traslado de detenidos: "Puente Grande es un penal de alta seguridad, ¿en serio eso es lo que un gobierno debe hacer?"
Este contraste —cinco meses de silencio institucional ante Zacatecas, 48 horas de exigencia de renuncia ante Jalisco— documenta con fechas y nombres exactamente el mecanismo que desarrollo en el Capítulo 3 de mi libro Cómo ganarle a Morena (disponible en Amazon), bajo lo que ahí llamo el criterio comparativo: "¿existen casos con hechos similares dentro de las filas del propio oficialismo que no han recibido el mismo nivel de escrutinio o de exposición mediática?", un patrón de trato desigual que el libro describe como "la evidencia más sólida de selectividad política, mucho más persuasiva que cualquier declaración de indignación". El libro desarrolla ese criterio para distinguir una investigación judicial legítima de una selectiva, pero el mismo examen aplica, con idéntica fuerza, al vocabulario moral de la indignación: la palabra "represión" no describe aquí un hecho que Morena evalúe igual sin importar quién gobierna, describe una herramienta retórica que se activa con velocidad cuando conviene señalar a un rival y se apaga cuando el señalamiento tendría que apuntar hacia adentro.
El riesgo de fondo no es que Morena tenga razón o no al calificar lo ocurrido en Jalisco de represión —la evidencia pública, con antimotines, gas lacrimógeno y un traslado a un penal de alta seguridad, sostiene razonablemente esa lectura—; el riesgo es que ese mismo estándar, aplicado con el mismo rigor y la misma velocidad, nunca se haya usado para revisar lo que ocurrió con una maestra de 74 años esposada en Zacatecas. Un partido que solo corre el cronómetro de la indignación hacia un lado deja de estar denunciando un abuso policial: está usando ese abuso, cuando conviene, como material de campaña contra un adversario, y lo está ignorando, cuando no conviene, dentro de su propia casa.
Rumbo a 2027, lo serio para la oposición no es acusar a Morena de "hipócrita" y quedarse ahí, una etiqueta que el oficialismo puede descartar con la misma facilidad con la que descarta cualquier adjetivo sin dato detrás. Lo serio es exigir, con el mismo nivel de detalle con que Montiel exigió la renuncia en Jalisco, que la dirigencia nacional de Morena se pronuncie públicamente sobre el caso de Zacatecas y sobre cualquier otro operativo similar en los dieciocho estados que hoy gobierna el partido, y proponer, como política de Estado para cualquier gobierno que llegue en 2027 —incluido uno de oposición—, un protocolo único de uso de la fuerza en protestas, con sanciones automáticas por exceso policial, que no dependa de qué partido gobierna el estado donde ocurre el abuso.
