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De la "verdad histórica" a los números de proceso: ocho años después, la misma pregunta sin responder

El 3 de diciembre de 2018, el gobierno entrante anunció la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, y lo hizo con un gesto explícito de ruptura: dejar…

Luis Enrique León · · 3 min de lectura
De la "verdad histórica" a los números de proceso: ocho años después, la misma pregunta sin responder

El 3 de diciembre de 2018, el gobierno entrante anunció la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, y lo hizo con un gesto explícito de ruptura: dejar atrás la "verdad histórica" que el entonces procurador Jesús Murillo Karam había sostenido desde enero de 2015, según la cual los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en el basurero de Cocula, una versión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH ya había desmontado por inconsistencias científicas. La promesa implícita en esa ruptura no era solamente investigar mejor: era que un gobierno que se presentaba como lo opuesto al régimen que fabricó esa "verdad histórica" sí iba a entregar, esta vez, la verdad real.

Ocho años después de ese anuncio y doce después de la desaparición de los estudiantes en Iguala, el 28 de septiembre de 2026 el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un nuevo informe público sobre el caso. Las cifras que se dieron a conocer son, en su propio orden, abundantes: 168 personas procesadas, de las cuales 130 están en prisión preventiva oficiosa y 38 en domiciliaria; 1,931 sitios intervenidos en nueve municipios de Guerrero; más de 80 mil llamadas telefónicas analizadas de la noche del 26 de septiembre de 2014; y 23 indicios recuperados en cateos realizados entre marzo y junio de este año. Lo que no se presentó, y que las familias sí pidieron, fue igual de concreto: el funcionario Alejandro Encinas Medina admitió que la Sedena "no encontró información adicional" más allá de 33 folios de inteligencia militar entregados, de un total de más de 800 que un juez ya había ordenado desclasificar, y reconoció que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes salió del caso sin que el gobierno haya conseguido su regreso pese a las solicitudes reiteradas de los padres.

Hay, además, una disputa de hechos que ilustra bien el estado de la relación entre el gobierno y las familias: los padres de los 43 no fueron convocados oficialmente a la presentación del informe. Sheinbaum explicó que ya conocían su contenido por una reunión celebrada el 27 de agosto de 2026 en Palacio Nacional, pero el abogado de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, contradijo esa versión de manera directa y afirmó que los padres no conocían el contenido del nuevo informe antes de que se hiciera público. Que la presidenta y el representante legal de las víctimas no coincidan siquiera en un hecho verificable —si hubo o no información previa— dice, por sí solo, algo sobre el estado de esa relación doce años después.

Este episodio ilustra con precisión el desplazamiento de responsabilidad que documento en el capítulo tres de mi libro Cómo ganarle a Morena (disponible en Amazon), en su variante temporal: en vez de asumir la pregunta incómoda del presente, la conversación se traslada al pasado. Después de ocho años con control total del Estado mexicano —incluida la Sedena, cuyos archivos siguen sin entregarse pese a una orden judicial expresa—, el marco de referencia frente al que el gobierno se sigue midiendo es la "verdad histórica" de un procurador que dejó el cargo hace más de una década, no el desempeño del propio gobierno actual frente a una orden judicial vigente hoy. Los números de procesados, cateos y llamadas analizadas ocupan, en el discurso oficial, el lugar que debería ocupar la respuesta a la única pregunta que las familias han sostenido durante doce años: dónde están sus hijos. Y cuando alguien señala ese vacío, la respuesta no es más información, es una disputa sobre si los padres ya sabían o no lo que se les iba a presentar.

Rumbo a 2027, la oposición no gana nada prometiendo resolver en un sexenio lo que dos gobiernos y dos partidos distintos no han resuelto en doce años; esa promesa sería tan poco seria como la que aquí se documenta. Lo que sí puede exigir, con seriedad y de forma verificable, es que se distinga públicamente entre cifras de proceso judicial y avance real hacia la verdad, y que esa distinción venga acompañada de tres compromisos concretos y con fecha: un cronograma público para la entrega íntegra de los folios militares que un juez ya ordenó desclasificar, gestiones documentadas para el regreso del GIEI en los términos que las propias familias han solicitado, y la comparecencia del titular de la Sedena ante una comisión legislativa para explicar, con evidencia y no con comunicados, por qué ocho años de control total del Ejército por el mismo partido en el poder no han bastado para cumplir una orden judicial que ya existe.

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