NOMBRAMIENTO DE LUCÍA JAZMÍN TORRES EN OAXACA ABRE CUESTIONAMIENTOS SOBRE CRITERIOS DE LA 4T
El nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo, de 23 años, como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca, realizado el 5 de noviembre por el secretario de…

El nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo, de 23 años, como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca, realizado el 5 de noviembre por el secretario de Gobierno Jesús Romero López en la administración del gobernador Salomón Jara, ha abierto un cuestionamiento público sobre los criterios con los que el gobierno de la 4T designa cargos de alta responsabilidad.
Torres Castillo es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Oaxaca. Se tituló el 13 de noviembre de 2025 y obtuvo su cédula profesional el 25 de mayo de 2026. Antes de este cargo se desempeñó como jefa del Departamento de Cumplimiento de Acuerdos y como secretaria ejecutiva de la Coordinación de Delegados de Paz Social. Diversos reportes también señalan antecedentes como guía turística. El puesto que ahora ocupa implica interlocución y conciliación con los 570 municipios del estado, muchos de ellos con alta conflictividad social y política.
En redes sociales, usuarios han cuestionado que no se observen las credenciales ni la experiencia que usualmente se exige para una subsecretaría de esa naturaleza. Circulan comentarios sobre la “exuberancia” de algunas de sus fotografías y sobre los posibles móviles detrás de su designación. También hay expresiones que la denigran. Todo ello, se insiste, proviene de lo que se dice en plataformas y no de afirmaciones verificadas.
La designación corresponde a funcionarios del gobierno morenista de Salomón Jara y al secretario de Gobierno Jesús Romero López. Ellos son quienes deben explicar con transparencia qué criterios de mérito, trayectoria y capacidad se aplicaron. De confirmarse que factores como la edad o la apariencia física hubieran influido en la decisión de colocar a alguien en un cargo que demanda preparación especializada, experiencia en mediación y conocimiento profundo del territorio, se configuraría una modalidad de violencia política de género: la reducción de una persona a atributos ajenos a su formación profesional. Nadie merece ser reducido a eso. Los puestos públicos se ganan con preparación, no con otros criterios.
El caso reabre el debate sobre cómo la 4T y el PT, en distintos niveles, han promovido o avalado designaciones que generan dudas de mérito. La responsabilidad de justificar este nombramiento recae en quienes lo hicieron, no en quien lo recibió.
